Es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural adverso de cierta intensidad en un territorio y en un periodo de tiempo determinado. Para caracterizar la peligrosidad se debe atender principalmente a su periodo de retorno (intervalo de tiempo, generalmente en años, en el que se estima que con una alta probabilidad ocurra un evento de una determinada intensidad) y al grado de severidad que puede alcanzar este fenómeno al impactar sobre un bien o persona que se cruce en su trayectoria. Para caracterizar este factor en un territorio se realizan los denominados mapas de peligrosidad que reflejan los distintos alcances estimados para distintos periodos de retorno (por ejemplo 10,50,100 y 500 años) e intensidades (Muy alta, alta, media, baja).

Para que se materialice un peligro es necesario la conjunción generalmente de unos factores condicionantes (relacionados con la caracterización geográfica física de la zona de estudio) y otros desencadenantes (climáticos, geológicos o humanos generalmente).

Estimación del número total de personas o la cantidad total de bienes materiales que puede verse afectado por un determinado suceso. Este factor dependerá del uso temporal del territorio y de la propia movilidad de los potenciales bienes amenazados. Se diferencia a este respecto entre bienes estáticos (casas, carreteras, …), bienes semi-móviles (roulotte, móvil home, …) y móviles (personas, coches, …).

Este factor está relacionado con el potencial de daños que puede llegar a ocasionar, a un bien, una persona o un emplazamiento al verse alcanzado por un peligro de determinada intensidad. Es importante diferenciar para cada riesgo la distinta vulnerabilidad que presentan los distintos bienes y personas. Los factores asociados a la vulnerabilidad son la fragilidad y la resiliencia.

Para caracterizar la fragilidad se puede representar gráficamente la relación de la intensidad que puede alcanzar el fenómeno y el umbral de daños esperables (probabilidad de pérdida de vidas humanas o de infringir importantes daños, pérdida económica, nivel de afección a infraestructuras, etc.).

Dentro del término vulnerabilidad destaca el concepto de resiliencia, que es la capacidad de recuperación o adaptabilidad de un territorio o una sociedad tras haberse visto afectado por un fenómeno natural especialmente adverso.

Existe una vulnerabilidad directa por daños a personas y bienes y otra económica y social asociada a la amplificación de los daños en sociedades donde hay debilidad en el funcionamiento de las instituciones, la organización social y falta de compromiso político. Para su caracterización se suele recurrir a escalas cualitativas o en algunos casos al porcentaje que puede ser de la proporción de personas o bienes potencialmente afectables o el nivel de daños esperables donde el 100% sería la pérdida total del bien o la muerte, en el caso de personas.

• Frente a la mayoría de riesgos naturales, y sobre todo en montaña, es muy complicado encontrarse con una situación de ausencia o probabilidad remota de ocurrencia de un determinado riesgo.
• La mayor presencia de personas en la montaña hace que aumente la exposición a fenómenos naturales adversos y con ello, aun limitando al máximo los emplazamientos con mayor peligro, siempre permanece un cierto nivel de riesgo residual. Intentar eliminarlo completamente sería como prohibir coger el coche para que no haya accidentes de tráfico. Incluso aún actuando frente al riesgo con medidas de mitigación no se puede garantizar la no ocurrencia y afección por eventos especialmente catastróficos cuyos costes de posibles medidas de mitigación son prohibitivos.

• • El análisis y evaluación de riesgos lo realiza un equipo multidisciplinar especializado que caracteriza las situaciones de amenaza al emplazamiento y plantea las soluciones más adecuadas para hacer aceptable el nivel de riesgo.
  • El estudio se inicia con un primer análisis de cada uno de los riesgos para poder descartar aquellos cuya posibilidad de ocurrencia sea remota o muy baja. Esta apreciación se realiza en función del análisis de datos históricos del emplazamiento o situaciones asimilables y del estado de la ciencia, la técnica y el conocimiento general en el momento de su valoración. De esta manera se descarta la ejecución de análisis posteriores de estos riesgos con posibilidad de ocurrencia remota.
  • Para los riesgos que no se encuentran en una situación de aceptabilidad directa es obligado la realización de un estudio que permita analizar y evaluar su situación de riesgo. A partir de estos estudios se debe definir la situación para cada uno de los riesgos en que se encuentra la localización (riesgo residual bajo, medio o alto). Cada situación de riesgo precisa asimismo de la propuesta de una serie de medidas de mitigación específicas. Estas medidas deben hacer que este riesgo sea de nivel aceptable o en caso contrario considerar la localización como de riesgo no aceptable, lo que supone descartarlo.

El objetivo último de los estudios es diseñar, cuando es necesario, las medidas de mitigación que hagan el nivel de riesgo aceptable. Es decir, buscar una situación en la que la probabilidad e intensidad de los daños esperables, riesgo residual, se considere pueda ser asumible por la sociedad. Generalmente se actúa o bien sobre el peligro y/o sobre la exposición y/o sobre la vulnerabilidad. Las principales medidas se pueden agrupar en:

• Medidas predictivas: Aquellas que tienen como objetivo indicar, con anticipación, dónde, cuándo y con qué intensidad va o puede ocurrir un determinado suceso. Para ello es importante la elaboración de mapas de peligrosidad, el estudio de precursores del suceso y la instalación de redes de vigilancia y monitoreo climático. Los boletines de nieve que genera Alurte estaría dentro de este grupo de medidas.
• Medidas preventivas: Aquellas que están encaminadas a disminuir o evitar los daños derivados de los diferentes riesgos. Por un lado, nos encontramos con medidas estructurales que supone la construcción física como por ejemplo el reforzamiento de las edificaciones para rebajar su vulnerabilidad. Por otro lado, están las medidas no estructurales que no suponen una construcción física y que utilicen el conocimiento, las prácticas o los acuerdos para reducir el riesgo como: la elaboración de mapas de riesgo, la ordenación del territorio (con reubicación de bienes y lugares de estancia de personas), instalación de sistemas de alerta temprana y comunicación del riesgo, planes de autoprotección, etc).
• Medidas correctoras: Aquellas cuya finalidad es evitar o disminuir la posibilidad e intensidad del fenómeno adverso (peligro). Entre ellas cabe destacar como medidas estructurales las obras estabilizadoras o de desviación del fenómeno de zonas potenciales de impacto, gestión de avenidas, cortafuegos, obras de defensa en la zona de impacto, etc.

También se diferencia entre medidas de mitigación activas, que promueven la actuación directa tanto estructural como no estructural antes de que se desarrolle el fenómeno intentando pararlo, hacerle frente con la organización civil y la formación de la población, etc. Las medidas de mitigación pasivas, que no actúan directamente sobre el fenómeno, sino que intentan mitigar sus efectos actuando sobre los factores de vulnerabilidad y exposición principalmente con la ayuda de la legislación y la planificación, las normas de construcción, la ordenación del territorio, etc. No requiere de tantos recursos económicos públicos para su corrección.

Las posibles medidas que reducen el nivel de riesgo deben evaluarse y combinarse de forma óptima para alcanzar el nivel de seguridad aceptable para la sociedad respetando su viabilidad técnico-económica, aprobación social y compatibilidad ambiental.

Es muy importante, y a ello tiene un especial interés el centro Alurte, el estudio y difusión de los avances técnicos en relación a medidas estructurales o no estructurales novedosas, apoyadas en las tecnologías más modernas, que puedan contribuir de forma activa a la tarea de mitigación del riesgo, reduciendo con ello las posibles afecciones a personas y bienes.